Este artículo fue publicado en TRIBUNA
de EL COMERCIO el sábado 07/11/2020
Vivimos en un mundo donde las exigencias de calidad aumentan cada día. Nos rodea un montón de normativa (ISO y otras) que vela por la calidad en los alimentos, en los productos fabricados, en los servicios, etc. Todo ello lleva aparejada una exigencia de excelencia en los profesionales que trabajan en dichas áreas. A modo de anécdota podemos ver cómo, incluso a los niños, desde programas televisivos, se les reclama la excelencia cocinando, cantando o bailando. Por eso sería de esperar que algún día se exija lo mismo a nuestras instituciones y a nuestros políticos y que cumplan, no digo el 100%, sino la mitad de la excelencia que esperamos de nuestros niños cocineros. ¿Por qué? Por el coste que tiene esta gravísima pérdida de calidad institucional a la que estamos asistiendo. Entre las opiniones que se dieron hace unas fechas en torno a la figura del Rey, comparto la de Lorenzo Silva, que señalaba que la estabilidad y la capacidad de superar las dificultades en una sociedad no se la da una sola persona, ni siquiera una sola institución, sino un tejido cívico e institucional sólido. Ese es el que nos falta, salvo honrosas excepciones, y mientras nos siga faltando, dará igual la forma de Estado que se establezca, y cuya revisión requiere de una coyuntura más reposada que la actual y mejores mimbres que quienes la plantean. Hay estados con monarquías parlamentarias de mucho prestigio y repúblicas bananeras. Y viceversa. La gobernanza de un país no la ostenta únicamente el gobierno de turno elegido cada 4 años, sino el conjunto de instituciones que afectan a dicha gobernanza. La impecable separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es una premisa básica en el funcionamiento de una democracia. Estamos asistiendo a la posibilidad de una reforma de la Ley del Poder Judicial, contra la cual están la mayoría de los jueces de este país y que es contraria a recomendaciones claras de directrices europeas respecto a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es a los jueces a quien corresponde dicha elección y no a los políticos, que si lo hacen es únicamente porque quieren repartirse los jueces, o sea, politizar la justicia. Es gravísimo. Y esto lo vemos aquí en España y lo observan desde afuera. Tenemos a “The Economist” sacándonos los colores y señalando problemas en nuestro país por lo que considera una situación insostenible.
Y es que la pérdida de calidad institucional se traduce en dinero o, mejor dicho, en pérdida de dinero contante y sonante. La literatura académica reconoce que los acuerdos institucionales de una sociedad tienen grandes efectos en el funcionamiento de su sistema económico. Por otro lado, se ha demostrado empíricamente que las diferencias institucionales entre países son causa de divergencias en sus modalidades y ritmos de crecimiento. Las instituciones son un eslabón esencial en la cadena de factores que determinan el desarrollo, y su estudio y comprensión son fundamentales para fines teóricos y de política económica. Malas instituciones dan lugar a políticas que obstaculizan el crecimiento, provocan comportamientos depredadores y bajos niveles de formación de capital humano y físico. Todo ello afecta a la variable riesgo-país, al encarecimiento de nuestra financiación, a la dificultad para atraer inversores externos, por la incertidumbre que genera un país con unas instituciones que no ofrecen confianza y con unos políticos que no cumplen su labor y no son capaces de ponerse de acuerdo en situaciones tan graves como la que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus. El conflicto permanente entre políticos más preocupados en contar votos que en ofrecer soluciones o dejar las decisiones en manos de gestores y gente que sepa lo que tiene entre manos, lleva a un país de capa caída. Mejor haríamos en no dar tanto protagonismo a los políticos, como si fueran actores de cine, quitarles la cámara de televisión del Parlamento y la prohibición de Twitter para cuestiones profesionales. Que se comuniquen con papeles, decretos y leyes, y que actúen discretamente como lo que son o deberían ser, trabajadores públicos a nuestro servicio, no a nuestra costa. A los ciudadanos nos preocupa si vamos a poder abrir el negocio o echar la persiana definitivamente. Tenemos otros problemas y, además, muy graves en este momento, mientras ellos viven en su “matrix” y hemos de empezar a dejarles clarito que no nos importa si Abascal ya no se habla con Casado, si Pablo Iglesias lleva coleta o moño o si Adriana Lastra se ha puesto horribles mechas. No nos importan ellos. Hagan su trabajo bien, señorías, no son vedettes sino políticos, lo único que queremos de ustedes es que gestionen adecuadamente nuestro dinero, y, si no saben hacerlo, dejen paso a otros.
