El complicado tema de la fiscalidad, dada la divergencia entre territorios. Debate en EL COMERCIO, decano de la prensa asturiana. Muy honrada de que hayan solicitado mi opinión al respecto.
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Economistas defienden la autonomía fiscal, pero alertan de sus desequilibrios
Piden no cuestionar su legitimidad, pero recuerdan que no todas las comunidades pueden permitirse rebajas fiscales.
La «histórica» reforma fiscal anunciada por Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid ha levantado una auténtica polvareda entre defensores y detractores de la medida. Entre los segundos y más beligerantes se encuentra el presidente del Principado, Adrián Barbón, que califica la medida de «competencia desleal» y ha llegado a considerar que atenta contra el espíritu de la Constitución, mientras que en el grupo de los primeros está el nuevo Gobierno de Castilla y Léon, conformado por el PP y Ciudadanos, que ha decidido llevar a cabo su propia rebaja tributaria. Aunque es de menor calado que la madrileña, bonificará al 99% la adquisición de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, es decir cónyuges, descendientes y ascendientes. En este contexto, economistas consultados por este periódico reconocen que reformas de este tipo son, ante todo, «legales y legítimas», aunque sí consideran que generan diferencias.
«Puedes no compartirla pero no tiene sentido hablar de 'dumping' o competencia desleal. Como tampoco lo tiene que desde el otro bando se hable de infiernos fiscales cuando se opta por la opción contraria», sostiene Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). A ojos del economista gijonés, una parte «importante» de la autonomía de las comunidades reside, precisamente, en esta capacidad de subir o bajar impuestos como parte de la oferta política de cada gobierno. «Si bajas impuestos tendrás servicios algo peores, y a la inversa. Los votantes ya decidirán si les compensa el cambio o no», argumenta.
Cuestión distinta es, según apunta el director de Fedea, que descentralizar ciertos impuestos pueda plantear problemas si no se hace con cuidado. En concreto, hace referencia al impuesto de Sucesiones, que cuenta con una base de contribuyentes «muy móvil», lo que tiende a generar una espiral de competencia a la baja para atraerlos que pueda terminar haciendo desaparecer un tributo que, con tipos moderados, tiene mucho sentido. Pero eso no altera la conclusión anterior: uno puede estar o no de acuerdo en cada caso con las subidas o bajadas de impuestos autonómicos, pero no se debería cuestionar su legitimidad.
El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio considera clave separar «lo que nos dice la teoría y la legalidad vigente del ruido político» que se ha formado en las últimas semanas. Bajo su punto de vista, en el momento en el que España se constituye como un Estado descentralizado y las regiones adquieren competencias, estas tienen la última palabra a la hora de apostar por unas tasas impositivas concretas, por la mejora de la atención sanitaria o por el impulso de una tercera lengua en la educación pública. «Si tienen capacidad para decidir sobre el gasto, también lo deben tener para decidir sobre los ingresos», afirma.
Aunque es cierto que las comunidades no están en igualdad de condiciones, «no es lo mismo bajar medio punto en el tramo del IRPF en Madrid que en Extremadura», lo cierto es que la última palabra está en los gobiernos autonómicos, ya sea «para subir o para bajar estos impuestos».
Para quien sí se está generando una suerte de competencia tributaria es para Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). El anuncio de fuertes rebajas impositivas como la madrileña, explica, «perjudica a aquellas autonomías que necesitan ingresos para mantener sus presupuestos porque no tienen población o porque no son industriales. Esa competencia tributaria rompe un poco el principio de solidaridad que debería regir en España».
Pese a ello, Sanmartín reconoce que estas prácticas están amparadas por la ley y los tribunales. Quizás por ello sería conveniente impulsar una reforma de calado que elimine las «disfunciones» creadas entre regiones. «Igual habría que igualar la tributación de las autonomías y, a partir de ahí, aquellas que quieran subirla, que lo hagan», sostiene.
En la misma línea se pronuncia Miguel de la Fuente, presidente decano del Colegio de Economistas de Asturias, quien apuesta por «ir a una cierta armonización fiscal para reducir esas diferencias y evitar, como está sucediendo, deslocalizaciones de empresas entre las propias autonomías». Para llevar a cabo esta armonización, la pelota ahora estaría en el tejado del Gobierno central. «Tendría que tomar la iniciativa, reunir a las comunidades y tomar decisiones para que no haya tantas diferencias. Es algo que le preocupa a la gente y crea desazón», sostiene.
Poco efecto llamada
Los más críticos con estas políticas impositivas a la baja critican que, con este tipo de situaciones, tanto empresas como algunos de los patrimonios más altos decidirían abandonar las comunidades con cargas fiscales más altas para dirigirse hacia estos 'paraísos fiscales'. Para Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea, los efectos de la movilidad sobre los patrimonios más altos «son residuales». «Quien ha querido mover su capital ya lo ha hecho antes de este anuncio», asume, sobre la rebaja fiscal en la capital de España. Así, considera que Madrid «no realiza estas reformas para atraer nuevas rentas» sino que se amolda a las circunstancias de la región. «Aquí en Asturias el margen es más pequeño, con una demanda social y educativa muy diferente», explica.
Según, la profesora titular de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo, Susana Álvarez Otero, las políticas de Ayuso responden a su perfil liberal, el cual entiende que con unos tipos más bajos atraerá más actividad empresarial y, por tanto, más riqueza a los bolsillos de los madrileños. Algo que, a su juicio, no tiene que confundirse con una mayor reclamación de más fondos en el el futuro reparto de la financiación autonómica. «Después no creo que vaya a pedirle más al Estado, eso no funciona así. También es justo señalar que junto a Cataluña son las comunidades que más aportan al conjunto del país», recalca.
