Estupendo reportaje de Paloma Lamadrid sobre la situación en Asturias. Como señalo en la entrevista, comparto la opinión de mi compañero Santiago Álvarez, profesor en la Facultad de Economía y Empresa.
Los asturianos afrontan una nueva crisis con casi un
11% menos de poder adquisitivo
Las subidas salariales se sitúan
lejos del IPC desde el inicio de la salida de la pandemia, lo que trunca la
recuperación de los hogares
Cuando las economías mundiales comenzaban
a ver la luz tras la pandemia, lo que provocó un auge de la demanda inusitado,
la guerra de Ucrania ha traído consigo una subida desorbitada de los precios,
sobre todo de la energía. Así, la recuperación generalizada se ha visto
truncada por un conflicto bélico que impone una enorme incertidumbre y recorta
la capacidad de compra de los ciudadanos. En el caso de los trabajadores
asturianos, la merma de su poder adquisitivo entre 2021 y lo que va de año es
del 10,95%. Aunque el IPC se ha moderado en septiembre al 9% desde el 10,6%
registrado en agosto, la subida salarial media incluida en los convenios
colectivos es del 2,74%.
A esta brecha del
6,26% entre los ingresos y el precio de la vida se suma el 4,69% de pérdida
alcanzado el pasado año. Las perspectivas a corto plazo no son buenas y se
prevé que los ciudadanos seguirán soportando una inflación elevada durante
buena parte de 2023. Por ello, los sindicatos piden a la patronal que se siente
a negociar subidas salariales que compensen un IPC disparado y advierten de
que, si no se logra un acuerdo, aumentará la conflictividad laboral. En este
marco, CC OO y UGT han convocado una manifestación el 3 de noviembre, en
Madrid, ante el rechazo de las organizaciones empresariales a sus propuestas.
Sobre la mesa está
el debate acerca de la conveniencia de llegar a un pacto de rentas. Los
economistas ponen el acento en la importancia de los puntos que se acuerden
para que tenga un impacto verdaderamente beneficioso. En este sentido, Javier
García, socio y director de inversiones de la gestora de capital riesgo
LUAFund, aboga por un pacto de rentas «que no trate a todos por igual», al
tiempo que advierte de que una subida de las pensiones generalizada «al ritmo
que se ha hecho puede ser muy perniciosa, y no ayuda a quien más ha sufrido el
impacto de la inflación». Asimismo, considera necesario un control de costes y
empezar a vincular salarios a productividad, «porque es la única forma sana y
sostenible de crear riqueza de verdad».
En este sentido,
destaca que la escalada de la inflación y salarios en paralelo sin que crezca
la productividad es «muy peligroso». García hace hincapié en que las empresas
necesitan ganar tamaño y apostar por la innovación para ser más productivas,
aunque lamenta que la competitividad es «la gran olvidada en esta región y en
este país». Un objetivo que se complica porque nos encontramos en un 'shock' de
oferta, provocado por un incremento de los costes, que «han llevado a una caída
de los márgenes y rentabilidad de las empresas, colocando a muchas en una
situación de jaque».
Márgenes empresariales
También Santiago
Álvarez, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo,
subraya que es esencial el contenido del pacto de rentas porque «hay una
incongruencia cuando se dice que es una inflación de costes y que están
aumentando los márgenes empresariales, lo cual se conjuga bastante mal». El
problema, indica, es que muchas empresas no pueden hacer frente a los costes de
producción, por lo que hablar de limitación de beneficios «es complicado». Así,
rechaza una subida salarial al ritmo de la inflación por dos razones: «Porque
muchas empresas no podrían soportarla y porque las que pudieran repercutirían
ese incremento de costes en los precios, lo cual generaría efectos de segunda
ronda».
Para Álvarez, sea
cual sea la causa de la inflación, la única manera de contenerla es
restringiendo la demanda, como está haciendo el Banco Central Europeo. Unas
medidas que generan un problema de reparto de costes de la crisis, de modo que
quien tenga menos recursos económicos sufrirá en mayor medida los efectos. Por
lo que «no tiene sentido conceder subvenciones generales no vinculadas al nivel
de renta», que solo provocan que la demanda siga aumentando.
Una opinión que
comparte su compañera Susana Álvarez Otero, profesora titular de Economía
Financiera, que también considera que «el café para todos no vale», sino que se
debe priorizar la ayuda a los más vulnerables. «Tiene que haber una
distribución de la pérdida de riqueza, que los agentes sociales lleguen a
acuerdos; cuanto antes lo asumamos, antes saldremos del bache», pone de
manifiesto. De lo contrario, si se llevan a cabo subidas lineales, la economía
entrará «en un ciclo hiperinflacionista» del que será muy complicado salir.
Por esta razón,
no comparte el incremento generalizado del 8,5% de las pensiones y, al mismo
tiempo, de las cotizaciones sociales. «Las empresas no pueden afrontar esto y,
además, es una medida electoralista por parte del Gobierno», añade Álvarez
Otero. En esta compleja coyuntura económica, «la única solución es un pacto de
rentas» en la línea de los Pactos de la Moncloa firmados en 1977, cuando la
inflación en España «llegó a cerca del 30%».
