Este artículo fue publicado el 26/01/18 en el diario EL COMERCIO
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Soy
economista, con un pequeño barniz de formación en derecho en mi carrera:
derecho civil, mercantil, administrativo y laboral. Quise ampliar mi formación pero
luego lo descarté porque la especialización en finanzas era intensa, además del
doctorado y ya llevaba dos carreras encima. Me alegro de no haber perdido
tiempo en formarme en algo que creo que es de lo que peor funciona en este país.
Soy feliz por vivir en un país en el que si tienes un cáncer y eres pobre se te
va a atender debidamente, a diferencia de EE.UU. por ejemplo: sencillamente si
eres pobre y con cáncer, ahí te mueres. Ahora bien, en ese mismo país, un
cuatrero de marca mayor como Madoff, en un año, estaba entre rejas. Me gustan
muchas cosas de mi país: sus paisajes, su clima y el sentido del humor de sus
gentes y creo que algunas cosas funcionan realmente bien en España, pero no el
sistema judicial; ni en su desarrollo, con una diarrea normativa excesiva, ni
en su aplicación, con unas garantías que lo hacen finalmente inútil y de tan
tardías consecuencias penales que resultan irrisorias. Es un sistema lento
hasta decir basta: una justicia lenta deja de ser justa; se convierte en un
lastre y una injusticia más. Y todo este sistema tan garantista, en el que el
reo condenado puede recurrir y recurrir hasta la saciedad, nos convierte en un
país de pandereta, objeto de mofa internacional, especialmente en lo relativo a
los temas de corrupción. Asesinatos los puede haber en todas partes; y nuestra
eficiente policía –¡chapeau! por nuestra policía y guardia civil – localiza a
los culpables en un tiempo record. El problema es que tenemos un mal endémico
que se llama corrupción y que está continuamente presente en los medios
internacionales. No sé si los sigue usted de vez en cuando, amable lector. Yo
sí lo hago y le aseguro que fuera tienen puesta la lupa en ese problema nuestro
y en lo mal que lo resolvemos y lo “consentidores” que parece que somos con él,
lo cual les genera desconfianza: caso Palau, los EREs, la Gürtel…
Ilustración de Gaspar Meana. ¡estupenda!
Si
el garantismo jurídico impide que se penalicen debidamente los comportamientos
injustos no sirve de nada. Ahí van unas sugerencias. Primera: simplificación
normativa. Segunda: eliminación de recursos hasta el infinito; si un tribunal
condena a alguien, que el condenado vaya a prisión inmediatamente. Y si recurre
a una instancia superior, que lo haga desde la trena. En el caso de que la
instancia superior desdiga lo dictaminado por el tribunal previo, que se tomen
las oportunas medidas de penalización contra los miembros del tribunal que ha
emitido un juicio fallido. La gente tiene que hacer bien su trabajo y si lo
hace mal, atenerse a las consecuencias. ¿Qué sentido tiene esta posibilidad
infinita de recursos? ¿Acaso son tontos los que juzgan en primera instancia?
Tercero: desfuncionarización absoluta de la actividad judicial. No genera más
que retrasos y juicios que tardan años en resolverse. Tengo una amiga que
trabaja en instrucción judicial y me cuenta del cumplimiento de horarios de la
gente que allí trabaja, o más bien, del incumplimiento: desde la jueza de turno
a los últimos del juzgado. “Bye bye” a los funcionarios en la justicia: que los
letrados, al nivel que sea, hagan su trabajo y lo hagan bien, como en cualquier
otra empresa, y al que sea capaz de instruir y sacar más trabajo adelante se le
recompense debidamente. Lo del fijo y variable de toda la vida. A la gente
productiva hay que premiarla y si no se llega a los plazos de entrega
razonables, como en cualquier empresa, a hacer turnos. Sería un elemento
motivador para los más rezagados, cuando vieran sus sueldos alejarse de los
verdaderamente productivos. Cuarta: digitalización de procesos. ¡Toneladas de
papel atascan los juzgados! Seamos ecológicos y eficientes por favor. Son sólo unas
primeras ideas, así para empezar, para mejorar algo que valoro y que es muy
importante que sea eficaz: el poder judicial. Y el nuestro funciona muy mal.
