Este artículo fue publicado el 13/06/17
en la Sección de ECONOMÍA del diario EL COMERCIO
Será que soy optimista por
naturaleza y por ello me cuesta entender a las personas que ven la parte negativa
de todo, incluso de lo que está bien hecho. Me ha alegrado leer al decano del
colegio de economistas de Asturias (EL COMERCIO, 10/06/17) reiterar lo que yo
había afirmado dos días antes en el mismo medio: lo sucedido con la compra del Banco
Popular por el Banco de Santander es la solución menos mala de las posibles.
Desde una perspectiva radical podríamos pensar que si está mal gestionado el
banco, se le debe dejar caer. Si cierra la ferretería de la esquina cuando las
cosas van mal, que cierre también el banco. Torres más altas han caído. ¿Nos
acordamos de Lehman Brothers? Ahora bien, ¿hubiera sido esta mejor solución? En
absoluto. Llevar a la entidad al concurso de acreedores no dejaría en una mejor
situación a los accionistas y, por descontado, hubiera sido mucho peor para el
sistema financiero y para los empleados de la entidad. Me sorprende que haya
gente incapaz de entender esto.
Por mi parte, creo
que en economía, como en todo en la vida, más que soluciones radicales es mejor
aplicar el sentido común. No puedo estar más orgullosa del modo en que se han
hecho las cosas en este país. España, con esta operación, ha pasado a ser un
ejemplo de cómo proceder dentro de la arquitectura regulatoria europea, del
mismo modo que lo fue con el rescate de las Cajas en 2012. Nadie duda que el
respeto de los derechos de propiedad y la seguridad jurídica son fundamentales
en una economía. En este caso, de todas las soluciones posibles se trataba de
elegir la menos perjudicial, ergo la más favorable en conjunto y es lo que se
ha hecho. Esto pone punto final a una historia complicada como ha sido la del
Banco Popular, que invirtió de forma masiva en el sector inmobiliario y luego
decidió quedarse con el Banco Pastor. Debido a la fuga de depósitos de 17.000
millones en las últimas semanas y la falta de ofertas de compra, se optó por
una solución en la que la Unión Bancaria entra en juego a través de la Junta
Única de Resolución (SRB, acrónimos en inglés) que actúa como árbitro para
evitar que dañe a otras entidades. Otra entidad privada se hace cargo de la
situación dando así tranquilidad a clientes, depositantes y empleados. El banco
en el que trabajan no se cierra. Atacar este modo de proceder hablando de
burócratas europeos no hace sino calificar a quien lo afirma. Se están
realizando ingentes esfuerzos para lograr una unión bancaria y unas reglas de
juego comunes que funcionen bien para todos, y cuando se aplican se hacen con
el objeto de beneficiar al sistema, no lo contrario.
Salen perdiendo los accionistas del Popular – la acción
cotizaba a 0,317 euros en el momento de la amortización, poco más que 0 -. Sin
embargo, salen ganando el sistema bancario español y europeo; salen ganando los
contribuyentes, que no verán tocados sus dineros y que tienen mejores usos públicos
que salvar a una entidad privada; sale ganando el Gobierno español y su
ministerio de Economía y sale ganando el Banco de Santander, que incorpora los
clientes del Popular, un banco enfocado a negocios familiares y pequeñas
empresas. Tiene que colocar una importante ampliación de capital – 7.000
millones - y puede haber problemas. En los próximos
meses se verá hasta qué punto es así, porque resulta relevante para identificar
los posibles conflictos que puedan surgir en el terreno legal y jurídico. Y
además de no ser pesimistas, es preciso ser capaz de discernir entre entidades
que no están, ni de lejos, en la misma situación. Eso es hacer daño. Y la gente
dañina, amable lector, cuanto más lejos mejor.